Estamos a pocas horas del fin del estado de alarma y del inicio de la “nueva normalidad”.
Particularmente no me gusta esta expresión tan de moda, porque me suena antagónica y llena de tintes inquietantes. Pero dejando a un lado la semántica, lo que está claro es que al salir de casa tras más de tres meses de confinamiento y salidas normadas nos vamos a encontrar un escenario marcado por dos nuevas realidades, para nada normales, que necesariamente se alzan como el principal foco de atención de organismos públicos y corporaciones privadas. Por un lado, la realidad de la crisis sanitaria y la necesidad de implementar y respetar las medidas de seguridad. Por otro lado, la realidad de la crisis económica y sus derivaciones sociales, tras el parón producido por el estado de alarma y las medidas adoptadas para luchar contra la Covid-19.
Mirando hacia el sector de la justicia, nos alegra saber que el Pleno del Órgano de Gobierno de los Jueces ha aprobado un Plan de Choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la reactivación tras el estado de alarma, que incluye más de 60 medidas que no requieren modificaciones legislativas y que quedan dentro de su capacidad de actuación propia.
El documento final se difundirá en pocos días en el sitio del Poder Judicial (www.poderjudicial.es), pero según la noticia que ya obra publicada, las medidas se dirigen a incrementar la eficacia de la respuesta judicial acortando, en la medida de lo posible, los tiempos de respuesta; a introducir previsiones en las normas procesales para rentabilizar los medios tecnológicos; a incrementar la seguridad jurídica; a unificar criterios de respuesta judicial ante el previsible aumento de la litigiosidad; y a mitigar el exceso de litigiosidad.
Es llamativo que, según la noticia de referencia, el documento aprobado recoge una mención a los procedimientos a los que se debería prestar especial atención en el entorno socio-económico generado por la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para combatirla: “los de familia, en base al principio del interés superior del menor; los mercantiles, al objeto de facilitar la continuidad de las empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis; la protección de las víctimas, con especial y constante atención a las de la violencia de género; los contencioso-administrativos más directamente asociados a los efectos de la declaración del estado de alarma; y los laborales sobre protección social, conciliación de la vida familiar y profesional, viabilidad de las empresas y mantenimiento del empleo”.
Lo nuestro, lo que sabemos hacer y lo que nos gusta, es el asesoramiento preventivo y la litigación en el sector de la empresa y los negocios. Sin embargo, hablando de nuevas normalidades y a modo de reflexión, me permito compartir mi abatimiento al encontrar junto a la noticia del Plan de Choque del CGPJ, en la misma página del Poder Judicial, el resultado publicado por el Observatorio de Violencia Domestica y de Género. Ahí os dejo uno de los párrafos que resume las conclusiones del Observatorio sobre una vieja realidad que lamentablemente continúa, y respecto a la que la Administración de Justicia tiene mucho que decir.
«El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho público hoy un informe estadístico que analiza los crímenes machistas ocurridos en España entre enero de 2003, fecha en la que empezaron a contabilizarse las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, y el 20 abril de 2019, día en que fue asesinada la víctima número mil. Del estudio se desprende que durante esos dieciséis años y cuatro meses hubo un asesinato machista cada semana y una media de 61,3 víctimas mortales cada año. En 38 de los casos, un total de 44 personas cercanas a las víctimas fueron asesinadas al mismo tiempo; 23 de ellas menores.»
Feliz fin de semana
Ana Soto Pino
19 de junio de 2020
