LA NUEVA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

La Comisión de Justicia del Congreso acaba de remitir al Senado una Proposición de Ley, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto aprobado, que reforma el contenido de dicho artículo, es fruto del consenso alcanzado a partir de las enmiendas presentadas por varios grupos parlamentarios, ya que la Proposición de Ley inicial del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común del pasado mes febrero de 2020 se limitaba a su derogación.

Ya con motivo de la Reforma de la LECrim operada por la Ley 41/2015, que limitó la duración de la instrucción de las causas penales a seis meses con la posibilidad de acordar sucesivas prórrogas por plazos de hasta dieciocho meses, en un artículo coescrito con otra abogada afirmábamos que este plazo de seis meses era poco realista y que existía el riesgo cierto de que la regla general acabara convertida en la excepción, como así ha ocurrido.

La actual Proposición de Ley que se va a debatir en el Senado y que, una vez aprobada deberá ser objeto de un análisis más profundo, ofrece como algunas de las principales novedades las siguientes: se amplía el plazo ordinario de instrucción a doce meses, se mantiene el régimen de prórrogas pero por períodos más breves que los actuales que a partir de ahora serán iguales o inferiores a seis meses, se elimina la exigencia actual de que sea el Fiscal quien solicite las prórrogas y se prevé la posibilidad de que pueda instarlo cualquiera de las partes o que se acuerde por el propio juez de oficio y, por último, se regula con algo más de detalle la cuestión de la validez de las diligencias acordadas antes y después de la prórroga de la instrucción.

La Proposición de Ley será aplicable a los procedimientos que se estén tramitando en el momento de su entrada en vigor y esta fecha será considerada como el día del cómputo inicial de los nuevos plazos.

Si en el año 2015 era necesario acortar los plazos procesales, en la actualidad también lo era fijar plazos algo más realistas. Pero el problema de nuestro sistema judicial no consiste en modificar normas sobre plazos procesales cada cinco años, ni tampoco en hacerlo por motivos de oportunismo político justificándolo en la conveniencia de perseguir más eficazmente algunos delitos, sino en abordar una reforma profunda de la Administración de Justicia.

Josep M. Paret Planas

Doctor en Derecho. Abogado.

26 de junio de 2020

 

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