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Los límites del control jurisdiccional del arbitraje, según el Tribunal Constitucional

Paseando por la jurisprudencia en sede de nulidad de un laudo arbitral me he tropezado con la Sentencia 17/2021 del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero (Sentencia 17/2021 del TC), que estimando el amparo solicitado por la parte vencedora en un procedimiento arbitral anula la Sentencia 1/2018 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de enero de 2018 (Sentencia 1/2018 del TSJ de Madrid), que asimismo anula un laudo dictado en equidad por apreciar una deficiente motivación y, por ende, una infracción del Orden Público.

La fama, a mi juicio merecida, de dicha Sentencia 17/2021 del TC trae causa en el mensaje definitivo lanzado de forma unánime por todos sus magistrados de que el  arbitraje, como método de resolución de conflictos alternativo a la jurisdicción ordinaria, responde al principio de autonomía de la voluntad y de la mínima intromisión de los órganos jurisdiccionales, los cuales carecen también de competencia para revisar el fondo de la decisión arbitral.  Bajo tales principios, sabemos que el único control que la Ley de Arbitraje reserva a los Tribunales de Justicia se limita al examen de la validez del laudo a instancias de parte, para el caso de que se hubieran incumplido las garantías procedimentales  exigidas por la ley, considerando los motivos de anulación tasados que -insistimos- no deben permitir en ningún caso una revisión del fondo.

La Sentencia 1/2018 del TSJ de Madrid, que anula el laudo por infringir el Orden Público debido a una deficiente motivación.

Sin embargo, más de un caso ha habido en la  práctica de los Tribunales Superiores de Justicia en los que se han cuestionado el resultado de la valoración de la prueba o de la aplicación de la norma que se contiene en el laudo,  bajo el estandarte del Orden Público, y tras un examen excesivo de las irregularidades formales en sede de recurso de nulidad. Este es -según la Sentencia 17/2021 del TC-, el supuesto del TSJ de Madrid, en su Sentencia de fecha 8 de enero de 2018, que durante el estudio de los motivos de nulidad alegados por la parte vencida, consideró que un laudo arbitral que había acordado la disolución de una Sociedad debía tenerse por nulo por infringir  el deber de motivación recogido en el artículo 37,4 de la Ley de Arbitraje, por cuanto no había valorado toda la prueba practicada en el procedimiento arbitral, entre otras, determinadas resoluciones judiciales previas.

A pesar de que tres años después el Tribunal Constitucional no deja títere con cabeza de la Sentencia 1/2018 del TSJ de Madrid, he de decir que personalmente considero muy acertada y didáctica la sinopsis de la jurisprudencia aplicable al arbitraje que se contiene en su Fundamentación Segunda, en base a la cual la Sentencia nos recuerda lo siguiente:

  • La acción de nulidad está tasada por ley, en el bien entendido que “la limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje”. Y en ningún caso dicha acción de nulidad está dirigida a “reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral”.

  • El Orden Público no debe confundirse con el mayor o menor acierto del árbitro en resolver la cuestión, ni las deficiencias o la justicia del laudo. De acuerdo con la Ley de Arbitraje “debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el artº 9.3 de la Constitución”.

  • Por lo que, en conclusión, el Tribunal que valora la nulidad del laudo “no puede entrar a analizar si las conclusiones arbitrales son o no acertadas, solo si se ha vulnerado el artículo 24 de la CE, o sí -en base a la jurisprudencia del TJUE y Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo – se han vulnerado normas imperativas y o principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección que forman parte del ese concepto jurídico indeterminado  de orden público (…)”.

Tras lo cual, y técnicamente en aplicación de dicha doctrina, la Sentencia 1/2018 del TSJ de Madrid considera que el laudo infringe el Orden Público, cayendo en arbitrariedad por deficiencia en su motivación, debido a que no considera determinados antecedentes jurisprudenciales existentes en el procedimiento y otros argumentos  y elementos que a juicio de la Sentencia debería haber valorado, sino sólo aquéllos que a juicio de árbitro son relevantes.

La Sentencia 17/2021 del TC, que concede el amparo y anula la Sentencia 1/2018 del TSJ de Madrid por excederse en sus competencias de control de la compatibilidad del laudo con el Orden Público.

Tres años después el Tribunal Constitucional resuelve en su Sentencia 17/2021 el amparo solicitado por la parte vencedora del laudo anulado por el TSJ de Madrid, y  tras recordar que la institución arbitral es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por mor del respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, concluye que el TSJ de Madrid vulneró el derecho a la justicia efectiva de los demandantes  porque se extralimitó en su competencia al valorar una posible contradicción del laudo con el orden público, ya que en ningún caso tal valoración puede traer, como fue el caso,  un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje.

A estos efectos, todos los magistrados del Tribunal Constitucional confirman en esta Sentencia  su doctrina de que también en el arbitraje el deber de motivación existe, si bien, tal deber:

  • Ni equivale a un deber del árbitro de valorar de forma separada  todos y cada uno de los argumentos y elementos de prueba presentados. Por lo que sólo el laudo que sea irracional, arbitrario o contenga un error patente podrá ser anulado por infringir el deber de motivación contenido en el artículo 37.4  de la Ley de arbitraje.

  • Ni puede servir de excusa para examinar la legalidad o justicia del contenido del laudo. Es decir, el control jurisdiccional del laudo, en cuanto a su conformidad con el Orden Público, “no puede traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del Derecho. Tampoco es una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta

Tras lo cual, aplicando tal doctrina al caso, la Sentencia 17/2021 del Tribunal Constitucional proclama que el laudo no sufre un defecto de motivación ni contiene una decisión irracional, y que lo que hace la referida Sentencia 1/2018 del TSJ de Madrid es mostrar su desacuerdo con el razonamiento jurídico del árbitro en méritos del cual falla en equidad la disolución de la Sociedad. A juicio del Tribunal Constitucional, la decisión impugnada es, cuando menos, irrazonable y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo que anula la Sentencia del TSJ de Madrid  y ordena retrotraer las actuaciones.

A todas estas, el laudo objeto de toda esta historia es de fecha 6 de abril de 2017, aclarado en fecha 25 de mayo de 2017.

Os deseo un feliz día

Ana Soto Pino

30 de noviembre de 2021

EL DISEÑO INDUSTRIAL

Hoy se celebra el día del diseño industrial.

Nadie duda que la apariencia externa de los productos, lo que conocemos coloquialmente por diseño, es hoy en día un elemento imprescindible en las estrategias de las empresas. Los productos han de ser innovadores desde el punto de vista técnico y complacer en cuanto a la relación calidad-precio, pero además el consumidor ha de percibir en ellos un look and feel diferencial.

Si el diseño es válido, porque es novedoso y es singular, recibe de nuestro ordenamiento jurídico la protección necesaria a fin de que su creador pueda beneficiarse de su explotación en exclusiva, directamente o a través de licencias a favor de terceros. Dicha protección se extiende de forma menos rigurosa durante tres años en caso de que el diseño no esté registrado, y es más reforzada y de mayor duración (hasta 25 años), si se accede a su registro. De ahí que cada vez sean más quienes hagan uso de los mecanismos dispuestos por la normativa para proteger sus diseños mediante el registro. A modo de ejemplo, se calcula que en 2019 se presentaron en todo el mundo 1,04 millones de solicitudes de registro de diseños, que contienen 1,36 millones de diseños. Sólo la Oficina de PI de China recibió solicitudes que contienen más de 711.600 diseños, lo que representa el 52,3% del total mundial. Le sigue la  EUIPO con 113.300 diseños, y a continuación las Oficinas de PI de Corea (69.300), Estados Unidos (49.800) y Turquía (46.200). (Fuente: Informe sobre los indicadores mundiales de propiedad intelectual -wipo.int-)

Una cifra para nada modesta, al margen que el dato no es del todo representativo  debido a que en  sectores en los que los diseños son prioritarios desde el punto de vista estratégico, como la moda, es práctica habitual no acceder a su registro por temas de confidencialidad y coste.

Será que Steve Jobs tenía razón, y el diseño es el alma de todo lo creado por el hombre

Autor: Ana Soto pino

¿Podría condenarse a Airbus y Air France por el homicidio involuntario de 228 personas?

En 2009, un avión se estrelló en el Atlántico mientras volaba de Río a París. Ahora, un juez francés ha sentado en el banquillo a las dos aerolíneas para determinar su responsabilidad en el accidente

El día 1 de junio de 2009, el Airbus A330-200 del vuelo AF447 que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París desapareció de noche y en pleno vuelo mientras atravesaba el Atlántico, unas 3 horas y media después de haber despegado. En el aparato viajaban 228 personas de 32 nacionalidades y no fue hasta transcurridos dos años que un robot submarino pudo recuperar restos de la cabina y las cajas negras del avión, a unos 4.000 metros de profundidad.

 

La información registrada por las cajas negras permitió averiguar que una de las causas principales del accidente fue que las sondas que miden la velocidad se habían congelado por un breve lapso de tiempo, fallo que habría motivado que los pilotos recibieran una información errónea y que no pudieran o no supieran reaccionar a tiempo, lo que acabó provocando que el avión perdiera velocidad de forma brusca y se precipitara hacia el fondo del mar.

 

Este trágico suceso ha desencadenado una larga y compleja batalla legal en Francia y la causa criminal abierta para su investigación fue sobreseída por el Juzgado de instrucción, por entender que Airbus y Air France no podían ser responsables penales del accidente y que el anterior siniestro se había producido por una concatenación de causas, entre las cuales cabía destacar un fallo técnico y la consiguiente desorientación de los pilotos. Dicha resolución fue recurrida en apelación y hace un mes escaso, el Tribunal de apelaciones de París revocó el sobreseimiento y reabrió la causa contra las citadas compañías, que a su vez anunciaron recurso ante la ‘Cour de cassation’, la más alta instancia de la jurisdicción ordinaria.

 

A diferencia de lo que ocurre en Francia, cuyo Código Penal no categoriza los delitos que pueden dar lugar a la responsabilidad de las personas jurídicas, en España sí se hace y no sería posible seguir un procedimiento penal por delitos de homicidio imprudente contra dos sociedades mercantiles. La reforma del Código Penal llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio, que introdujo por primera vez en nuestro país la responsabilidad penal de la persona jurídica, estableció un sistema de ‘numerus clausus’ y no se contempla dentro del elenco de delitos que pueden originar la responsabilidad penal de las personas jurídicas el delito de homicidio, ni el doloso ni el cometido por imprudencia grave.

Sin embargo, en el caso de nuestro país vecino, la normativa no prevé tal restricción y sí cabría dictar una condena contra una empresa por delito de homicidio involuntario. Para realizar una imputación directa a una sociedad, sería suficiente con que el delito se haya cometido por uno de sus órganos o representantes, o por cuenta de aquella y en su provecho. La declaración de responsabilidad penal corporativa no exige que la persona física autora del delito acabe siendo juzgada y condenada, situación que en este caso sí guarda una cierta analogía con lo establecido en el artículo 31 ter del Código penal español, aunque dicho precepto ni siquiera considera necesario que la persona física responsable haya sido individualizada.

 

A falta de una norma expresa como la del citado artículo 31 ter, en Francia la jurisprudencia de la Corte de casación sí considera necesaria su identificación y la acreditación del delito cometido por la persona física, además de probar que el autor del delito actúa en provecho de la sociedad, requisito este último que suele interpretarse por la doctrina en el sentido de que la infracción se produzca con ocasión de actividades propias de la organización y funcionamiento de la persona jurídica.

 

El Código Penal francés no prevé restricciones a los delitos por los que se puede condenar a una empresa

 

Hasta hace una década, en los delitos de homicidio involuntario relacionados con la falta de medidas de seguridad en el trabajo, el Tribunal de casación francés no juzgaba necesario que la persona física autora de la infracción hubiera sido identificada, y bastaba con estar en condiciones de argumentar que la infracción penal que sirve de premisa a la condena de la persona moral solo podía haber sido cometida por uno de sus órganos o representantes, lo que sin duda se parecía mucho a una presunción. La anterior doctrina jurisprudencial fue revisada a partir del año 2011 y en distintos pronunciamientos se ha ido consolidando la teoría de la identificación, más acorde con los principios del Derecho penal y con la prohibición de las presunciones de imputación de delito.

 

Las principales claves que pueden llevar a un juicio y, en su caso, a una hipotética sentencia de condena penal contra Airbus y/o Air France serán, por tanto, las siguientes: la posibilidad de establecer una relación causal, la posibilidad de probar que, como mantienen las acusaciones, se infravaloraron los problemas de las sondas y no se formó adecuadamente a los pilotos para poder reaccionar y, finalmente, y la posibilidad de identificar qué órganos o representantes de cada compañía fueron los autores de dichas infracciones omisivas.

 

Autor: Josep M. Paret Planas

Publicado en: El Confidencial

 

 

La guía para la notificación de brechas de seguridad que afectan a datos personales

Coincidiendo con el tercer cumpleaños de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha actualizado  su Guía para la notificación de brechas de datos personales, que incluye la experiencia vivida  a nivel nacional y los criterios establecidos por el Comité Europeo de Protección de Datos desde la versión del año 2018.

 

La Guía se dirige a los responsables de los tratamientos de datos personales, y tiene como finalidad definir qué es una brecha de datos personales y pautar a través de directrices sus acciones en estos casos, en especial, en lo relativo a la obligación de informar a las personas que sufren la intromisión en sus datos y de notificar las brechas de seguridad a las autoridades de protección de datos. Al respecto, la propia AEPD recuerda que el hecho de notificar una brecha que afecta a datos personales no implica necesariamente la imposición de una sanción.

 

Además, la AEPD dispone de una herramienta, llamada Comunica-Brecha RGPD, basada en un formulario cuya cumplimentación permite conocer sí se debe notificar la brecha de datos personales a los afectados, al considerarse la existencia de un riesgo algo, o sí no es necesaria tal comunicación.

 

El tema no es para nada trivial. Durante estos primeros meses del año 2021 La AEPD ha tratado más de 700 brechas de datos notificadas, en su mayoría por ataques intencionados, entre los que destaca, por frecuencia, los ataques que imposibilitan el acceso al sistema so pena de pagar un rescate (el conocido virus tipo ransomware)

 

Y al RGPD…    ¡Feliz aniversario!

 

Autor: Ana Soto Pino

“La pirámide y la muerte Bernie Madoff”

La muerte de Bernie Madoff en una prisión del Estado de Carolina del Norte nos trae a la memoria la mayor estafa piramidal hasta ahora conocida. Ha habido y habrá muchas otras, pero la suya fue muy especial por su magnitud económica, por el número de afectados y por la celebridad de muchos de ellos.

Algún columnista ha escrito que Madoff no era “Robin Hood”, que asaltaba a los ricos para dar el botín a los pobres. Y no le falta razón, porque el otrora “gurú de las finanzas” acabó estafando a ricos, a famosos más o menos ricos, a entidades financieras, a jubilados, a algunas ONG y a personas de toda condición. Y aunque como en toda estafa piramidal, lo que aportaban unos se iba repartiendo a los otros, una parte ingente del dinero se lo embolsaba el interfecto por el camino y los últimos se quedaron sin nada.

Todas las estafas piramidales responden al mismo esquema: una base que se va ensanchando por abajo sin parar y un vértice que se va estrechando por arriba. Su caldo de cultivo también es el mismo: explotar algo tan humano como la ingenuidad y la codicia ofreciendo altas rentabilidades. Y su final, también se repite una y otra vez: acaba siempre mal.

En el caso que nos ocupa, no solo terminó con la ruina y desesperación de muchas personas y con el desprestigio profesional y social de muchas otras, sino que provocó varios suicidios en cadena tanto en los mismos Estados Unidos como en Europa, entre otros el del hijo menor de Madoff, que se llamaba Mark y contaba con 46 años cuando apareció colgado en su apartamento, dos años después de que saliera a la luz el escándalo. Hay otros casos de suicidios igual o más espeluznantes de personas que no aguantaron la presión y se sintieron culpables de haber perjudicado a clientes y a familiares, por haber confiado en el financiero.

Curiosamente, la estafa fue coetánea a la crisis financiera del año 2008, lo que contribuyó a que muchos pensaran que toda la burbuja tenía un trasfondo criminal, y el final de su protagonista tiene lugar en una nueva crisis económica causada por la pandemia de la Covid-19. Tras su muerte, muchos de los perjudicados todavía no se han recuperado del descalabro sufrido. Y las pirámides ya esperan nuevas víctimas. El único enigma es cuál será la próxima y a quién le tocará padecer sus consecuencias.

Autor: Josep M. Paret Planas

Doctor en Derecho penal. Abogado.