Legal Jovs

EL DISEÑO INDUSTRIAL

Hoy se celebra el día del diseño industrial.

Nadie duda que la apariencia externa de los productos, lo que conocemos coloquialmente por diseño, es hoy en día un elemento imprescindible en las estrategias de las empresas. Los productos han de ser innovadores desde el punto de vista técnico y complacer en cuanto a la relación calidad-precio, pero además el consumidor ha de percibir en ellos un look and feel diferencial.

Si el diseño es válido, porque es novedoso y es singular, recibe de nuestro ordenamiento jurídico la protección necesaria a fin de que su creador pueda beneficiarse de su explotación en exclusiva, directamente o a través de licencias a favor de terceros. Dicha protección se extiende de forma menos rigurosa durante tres años en caso de que el diseño no esté registrado, y es más reforzada y de mayor duración (hasta 25 años), si se accede a su registro. De ahí que cada vez sean más quienes hagan uso de los mecanismos dispuestos por la normativa para proteger sus diseños mediante el registro. A modo de ejemplo, se calcula que en 2019 se presentaron en todo el mundo 1,04 millones de solicitudes de registro de diseños, que contienen 1,36 millones de diseños. Sólo la Oficina de PI de China recibió solicitudes que contienen más de 711.600 diseños, lo que representa el 52,3% del total mundial. Le sigue la  EUIPO con 113.300 diseños, y a continuación las Oficinas de PI de Corea (69.300), Estados Unidos (49.800) y Turquía (46.200). (Fuente: Informe sobre los indicadores mundiales de propiedad intelectual -wipo.int-)

Una cifra para nada modesta, al margen que el dato no es del todo representativo  debido a que en  sectores en los que los diseños son prioritarios desde el punto de vista estratégico, como la moda, es práctica habitual no acceder a su registro por temas de confidencialidad y coste.

Será que Steve Jobs tenía razón, y el diseño es el alma de todo lo creado por el hombre

Autor: Ana Soto pino

¿Podría condenarse a Airbus y Air France por el homicidio involuntario de 228 personas?

En 2009, un avión se estrelló en el Atlántico mientras volaba de Río a París. Ahora, un juez francés ha sentado en el banquillo a las dos aerolíneas para determinar su responsabilidad en el accidente

El día 1 de junio de 2009, el Airbus A330-200 del vuelo AF447 que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París desapareció de noche y en pleno vuelo mientras atravesaba el Atlántico, unas 3 horas y media después de haber despegado. En el aparato viajaban 228 personas de 32 nacionalidades y no fue hasta transcurridos dos años que un robot submarino pudo recuperar restos de la cabina y las cajas negras del avión, a unos 4.000 metros de profundidad.

 

La información registrada por las cajas negras permitió averiguar que una de las causas principales del accidente fue que las sondas que miden la velocidad se habían congelado por un breve lapso de tiempo, fallo que habría motivado que los pilotos recibieran una información errónea y que no pudieran o no supieran reaccionar a tiempo, lo que acabó provocando que el avión perdiera velocidad de forma brusca y se precipitara hacia el fondo del mar.

 

Este trágico suceso ha desencadenado una larga y compleja batalla legal en Francia y la causa criminal abierta para su investigación fue sobreseída por el Juzgado de instrucción, por entender que Airbus y Air France no podían ser responsables penales del accidente y que el anterior siniestro se había producido por una concatenación de causas, entre las cuales cabía destacar un fallo técnico y la consiguiente desorientación de los pilotos. Dicha resolución fue recurrida en apelación y hace un mes escaso, el Tribunal de apelaciones de París revocó el sobreseimiento y reabrió la causa contra las citadas compañías, que a su vez anunciaron recurso ante la ‘Cour de cassation’, la más alta instancia de la jurisdicción ordinaria.

 

A diferencia de lo que ocurre en Francia, cuyo Código Penal no categoriza los delitos que pueden dar lugar a la responsabilidad de las personas jurídicas, en España sí se hace y no sería posible seguir un procedimiento penal por delitos de homicidio imprudente contra dos sociedades mercantiles. La reforma del Código Penal llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio, que introdujo por primera vez en nuestro país la responsabilidad penal de la persona jurídica, estableció un sistema de ‘numerus clausus’ y no se contempla dentro del elenco de delitos que pueden originar la responsabilidad penal de las personas jurídicas el delito de homicidio, ni el doloso ni el cometido por imprudencia grave.

Sin embargo, en el caso de nuestro país vecino, la normativa no prevé tal restricción y sí cabría dictar una condena contra una empresa por delito de homicidio involuntario. Para realizar una imputación directa a una sociedad, sería suficiente con que el delito se haya cometido por uno de sus órganos o representantes, o por cuenta de aquella y en su provecho. La declaración de responsabilidad penal corporativa no exige que la persona física autora del delito acabe siendo juzgada y condenada, situación que en este caso sí guarda una cierta analogía con lo establecido en el artículo 31 ter del Código penal español, aunque dicho precepto ni siquiera considera necesario que la persona física responsable haya sido individualizada.

 

A falta de una norma expresa como la del citado artículo 31 ter, en Francia la jurisprudencia de la Corte de casación sí considera necesaria su identificación y la acreditación del delito cometido por la persona física, además de probar que el autor del delito actúa en provecho de la sociedad, requisito este último que suele interpretarse por la doctrina en el sentido de que la infracción se produzca con ocasión de actividades propias de la organización y funcionamiento de la persona jurídica.

 

El Código Penal francés no prevé restricciones a los delitos por los que se puede condenar a una empresa

 

Hasta hace una década, en los delitos de homicidio involuntario relacionados con la falta de medidas de seguridad en el trabajo, el Tribunal de casación francés no juzgaba necesario que la persona física autora de la infracción hubiera sido identificada, y bastaba con estar en condiciones de argumentar que la infracción penal que sirve de premisa a la condena de la persona moral solo podía haber sido cometida por uno de sus órganos o representantes, lo que sin duda se parecía mucho a una presunción. La anterior doctrina jurisprudencial fue revisada a partir del año 2011 y en distintos pronunciamientos se ha ido consolidando la teoría de la identificación, más acorde con los principios del Derecho penal y con la prohibición de las presunciones de imputación de delito.

 

Las principales claves que pueden llevar a un juicio y, en su caso, a una hipotética sentencia de condena penal contra Airbus y/o Air France serán, por tanto, las siguientes: la posibilidad de establecer una relación causal, la posibilidad de probar que, como mantienen las acusaciones, se infravaloraron los problemas de las sondas y no se formó adecuadamente a los pilotos para poder reaccionar y, finalmente, y la posibilidad de identificar qué órganos o representantes de cada compañía fueron los autores de dichas infracciones omisivas.

 

Autor: Josep M. Paret Planas

Publicado en: El Confidencial

 

 

La guía para la notificación de brechas de seguridad que afectan a datos personales

Coincidiendo con el tercer cumpleaños de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha actualizado  su Guía para la notificación de brechas de datos personales, que incluye la experiencia vivida  a nivel nacional y los criterios establecidos por el Comité Europeo de Protección de Datos desde la versión del año 2018.

 

La Guía se dirige a los responsables de los tratamientos de datos personales, y tiene como finalidad definir qué es una brecha de datos personales y pautar a través de directrices sus acciones en estos casos, en especial, en lo relativo a la obligación de informar a las personas que sufren la intromisión en sus datos y de notificar las brechas de seguridad a las autoridades de protección de datos. Al respecto, la propia AEPD recuerda que el hecho de notificar una brecha que afecta a datos personales no implica necesariamente la imposición de una sanción.

 

Además, la AEPD dispone de una herramienta, llamada Comunica-Brecha RGPD, basada en un formulario cuya cumplimentación permite conocer sí se debe notificar la brecha de datos personales a los afectados, al considerarse la existencia de un riesgo algo, o sí no es necesaria tal comunicación.

 

El tema no es para nada trivial. Durante estos primeros meses del año 2021 La AEPD ha tratado más de 700 brechas de datos notificadas, en su mayoría por ataques intencionados, entre los que destaca, por frecuencia, los ataques que imposibilitan el acceso al sistema so pena de pagar un rescate (el conocido virus tipo ransomware)

 

Y al RGPD…    ¡Feliz aniversario!

 

Autor: Ana Soto Pino

“La pirámide y la muerte Bernie Madoff”

La muerte de Bernie Madoff en una prisión del Estado de Carolina del Norte nos trae a la memoria la mayor estafa piramidal hasta ahora conocida. Ha habido y habrá muchas otras, pero la suya fue muy especial por su magnitud económica, por el número de afectados y por la celebridad de muchos de ellos.

Algún columnista ha escrito que Madoff no era “Robin Hood”, que asaltaba a los ricos para dar el botín a los pobres. Y no le falta razón, porque el otrora “gurú de las finanzas” acabó estafando a ricos, a famosos más o menos ricos, a entidades financieras, a jubilados, a algunas ONG y a personas de toda condición. Y aunque como en toda estafa piramidal, lo que aportaban unos se iba repartiendo a los otros, una parte ingente del dinero se lo embolsaba el interfecto por el camino y los últimos se quedaron sin nada.

Todas las estafas piramidales responden al mismo esquema: una base que se va ensanchando por abajo sin parar y un vértice que se va estrechando por arriba. Su caldo de cultivo también es el mismo: explotar algo tan humano como la ingenuidad y la codicia ofreciendo altas rentabilidades. Y su final, también se repite una y otra vez: acaba siempre mal.

En el caso que nos ocupa, no solo terminó con la ruina y desesperación de muchas personas y con el desprestigio profesional y social de muchas otras, sino que provocó varios suicidios en cadena tanto en los mismos Estados Unidos como en Europa, entre otros el del hijo menor de Madoff, que se llamaba Mark y contaba con 46 años cuando apareció colgado en su apartamento, dos años después de que saliera a la luz el escándalo. Hay otros casos de suicidios igual o más espeluznantes de personas que no aguantaron la presión y se sintieron culpables de haber perjudicado a clientes y a familiares, por haber confiado en el financiero.

Curiosamente, la estafa fue coetánea a la crisis financiera del año 2008, lo que contribuyó a que muchos pensaran que toda la burbuja tenía un trasfondo criminal, y el final de su protagonista tiene lugar en una nueva crisis económica causada por la pandemia de la Covid-19. Tras su muerte, muchos de los perjudicados todavía no se han recuperado del descalabro sufrido. Y las pirámides ya esperan nuevas víctimas. El único enigma es cuál será la próxima y a quién le tocará padecer sus consecuencias.

Autor: Josep M. Paret Planas

Doctor en Derecho penal. Abogado.

La necesaria ponderación del derecho de autor frente al derecho a la tutela judicial efectiva (STJUE de 28 de octubre de 2020)

Me ha llamado la atención la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de fecha 28 de octubre de 2020, sobre el asunto C637/19. Y no por la forma en que decide sobre la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal de Apelación en materia de Patentes, Marcas y Mercantil de Estocolmo, sino por el propio contenido de la cuestión prejudicial, cuya problemática, aun siendo experta en propiedad intelectual, jamás se me hubiera planteado.

El supuesto resuelto por el TJUE trae causa en un conflicto objeto de un procedimiento judicial seguido ante los tribunales suecos entre particulares propietarios, cada uno de ellos, de un sitio web. Durante el curso del litigio, el demandado aportó, como prueba, una copia de la página web que contiene una fotografía cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen al demandante. Según éste, el demandado infringe sus derechos de autor porque no solicitó su autorización para enviar por correo electrónico la fotografía, para hacerla valer como prueba, por lo que reclama una indemnización.

El TJUE, en su Sentencia de 28 de octubre de 2020, considera que no infringen los derechos de autor la presentación por vía electrónica de una obra protegida ante un órgano jurisdiccional, para hacerla valer como prueba en un procedimiento judicial entre particulares, por entender que la comunicación se produce entre concretos profesionales y que, por tanto, no es un acto de comunicación pública.  En este sentido, el TJUE recuerda que, de conformidad con el  artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, la efectiva comunicación pública requiere de un público, entendiendo como tal a un número considerable e indeterminado de destinatarios potenciales.

Además, -a mi parecer- bajo la más elemental lógica de las cosas, el TJUE entiende que “el derecho a la tutela judicial efectiva se vería seriamente comprometido si un titular de derechos pudiera oponerse a la presentación de pruebas ante un órgano jurisdiccional por el único motivo de que estas contienen una prestación protegida en virtud de los derechos de autor”. Y ello en tanto -recuerda- el derecho de propiedad intelectual no es un derecho absoluto, por lo que requiere de la necesaria ponderación cuando confronta con otros derechos fundamentales.

Autor: Ana Soto Pino

Artículo publicado por: Economist  &  Jurist

La corrupción y la condena del expresidente Sarkozy

Esta semana nos ha deparado varias noticias relacionadas con casos de corrupción pública y privada, entre las que destacan los registros domiciliarios y las detenciones del que fuera presidente del FC Barcelona y otros cargos directivos de dicha entidad, a quienes se atribuye los delitos de administración desleal y de corrupción de particulares, y otra que nos queda un poco más lejos como la noticia de la condena del expresidente francés, Sr. Nicolas Sarkozy, a tres años de prisión por los delitos de corrupción y tráfico de influencias.

El derecho a la presunción de inocencia que ampara a los primeros y el secreto sumarial recién levantado, unidos a la prudencia que aconseja la inminencia de las elecciones a la presidencia del Club, nos excusan de mayor comentario, por lo que me limitaré a destacar algunas cuestiones que llaman la atención del caso de la condena en primera instancia al Sr. Nicolas Sarkozy.

La primera estriba en que, paradójicamente, este proceso penal que aboca a esa condena a prisión tiene su origen en las escuchas telefónicas acordadas en el seno de otra investigación en la que no fue condenado, iniciada con motivo de la sospecha de que el político francés podía haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales que le llevaron al Elíseo en el año 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muamar El Gadafi, conversaciones que a su vez estaban relacionadas con otra causa criminal distinta (el caso “Bettencourt”) y que vendrían a demostrar que el Sr. Sarkozy buscaba obtener información confidencial sobre dicho sumario e influir en su desenlace, valiéndose para ello de la intermediación de su abogado, Thierry Herzog, y del exmagistrado Gilbert Azibert, que también han resultado condenados a la misma pena.

Estaríamos, pues, ante una curiosa triangulación de investigaciones y de causas penales: en una investigación de posible financiación ilegal se descubren conversaciones sobre otra causa penal en curso que, a su vez, dan lugar una tercera causa que es la que ha llevado a dictar la sentencia condenatoria por corrupción y por tráfico de influencias cuyo fallo acabamos de conocer estos días. Es lo que en el argot forense se denomina “hallazgo casual”, que se produce con bastante frecuencia y que es motivo de interesantes debates entre los juristas, pero que esta vez no han servido para evitar una condena, al menos por ahora.

Otra cuestión que también tiene su parte de morbo jurídico es que, como han recogido algunos medios en Francia y más tarde en nuestro país, el Sr. Sarkozy se puede acabar beneficiando de un régimen legal que mitiga el rigor de la pena y evita su ingreso efectivo en prisión, ya que en el supuesto de que se confirme la condena, lo más probable es que pueda cumplir la pena de prisión (en la parte de un año de los tres que sería de cumplimiento de pena en firme) en la modalidad de arresto domiciliario y con medios de vigilancia electrónica, cuando resulta que el propio Sarkozy defendía todo lo contrario en su campaña electoral a la presidencia del año 2015 para las condenas a penas de prisión de más de seis meses.

Está por ver qué deciden las instancias superiores sobre la anterior condena y las penas a imponer y, por suerte o por desgracia, todos conocemos el valor de lo que se dice en una campaña electoral, pero se me ocurre la siguiente reflexión: ¿Será que existen las ironías del destino, en esta ocasión para mayor fortuna del célebre y carismático político declarado culpable?     

Artículo publicado en: Cinco Días – EL País.

Autor: Josep M. Paret Planas

Doctor en Derecho Penal. Abogado.