Penal

Corazonadas y fraude fiscal

En una reciente sentencia dictada el pasado 1 de octubre (STS 1231/2020), la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Conten­cioso­ administrativo del Tribunal Supre­mo declaró nulo el auto de un juzgado que había acordado la entrada en el domicilio de una sociedad fundamentando la medida en el dato de que la empresa estaba tributando por debajo de la media del sector.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo elabora su doctrina sobre la base de una sentencia anterior, dictada por la misma sa­la el 10 de octubre del 2019, y de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Hu­manos, y destaca la naturaleza de derecho fundamental de la inviolabilidad del domi­cilio y la exigencia de que el auto que autori­za una entrada y registro contenga una mo­tivación acerca de la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida.

En el caso concreto analizado, el Tribu­nal Supremo cierra el paso a la posibilidad de acceder al domicilio de una empresa con una finalidad meramente prospectiva o in­ determinada, por si acaso se encuentra al­go, y afirma que la remisión a datos estadís­ticos o comparativos y la “corazonada” de la Administración de que se pueda estar co­metiendo fraude fiscal por el simple hecho de tributar por debajo de la media del sector no permiten acordar dicha diligencia.

Al mismo tiempo, se establece que tanto la solicitud de entrada y registro de la Agen­cia Tributaria como el auto judicial que la autoriza, además de identificar la concreta información que se pretende obtener, de­ben estar conectados con un procedimien­to de inspección abierto y notificado al con­tribuyente, con indicación de los impuestos y períodos de las actuaciones de inspección.

Para franquear la barrera protectora de un derecho fundamental no valen los presentimientos ni los atajos

Más allá de determinar y reforzar las ga­rantías formales y materiales que se deben cumplir para irrumpir en el domicilio de una empresa en el ámbito de un procedi­miento administrativo sancionador, la an­terior sentencia del Tribunal Supremo tie­ne una indudable trascendencia que debe­ría servir para poner fin a una mala praxis consistente en utilizar el cauce de los juzga­dos para obtener información que luego se traslada a un procedimiento penal.

El hecho de que se invaliden las investi­gaciones prospectivas en el ámbito tributa­rio sancionador y se nos recuerde que tam­bién en este caso la Constitución ampara el derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene un valor jurídico indiscutible, que de­bería llevar a la Administración tributaria a extremar las garantías, pero también posee un valor simbólico innegable que debería disuadir a quienes tengan la tentación de buscar en la jurisdicción contencioso­ad­ministrativa una especie de salvoconducto formal que les abra la puerta para sancionar administrativa o penalmente las hipotéti­cas infracciones que se puedan descubrir.

Para franquear la barrera protectora de un derecho fundamental no valen los pre­ sentimientos, las intuiciones ni los atajos.

Artículo de Josep M. Paret publicado en La Vanguardia 

COVID-19, EMPRESA Y PREVENCIÓN DE DELITOS: MÁS ALLÁ DEL COMPLIANCE

En situaciones de crisis e incertidumbre como la que nos ha traído la pandemia de la Covid-19, se vislumbra un escenario de aumento de la litigiosidad que va a afectar a todos los ámbitos y jurisdicciones, si bien con diferentes ritmos e intensidades.

Por lo que se refiere al Derecho penal económico y al vinculado a la actividad empresarial, es de esperar que se produzca un aumento progresivo de la intervención penal en distintas fases, cuya duración y alcance concreto van a depender de la magnitud final de la crisis sanitaria y económica que atravesamos y de las secuelas que pueda provocar la temida reacción en cadena de este parón de la actividad económica sin precedentes, datos que a fecha de hoy desconocemos.

En cualquier caso, las empresas deben estar preparadas en todo momento para prevenir y mitigar las consecuencias de eventuales procedimientos penales contra la compañía y/o sus directivos, función preventiva que está confiada en gran medida a los modelos y programas de compliance, pero que por distintas razones no ofrecen una respuesta integral ni definitiva a todos los problemas.

Los modelos de vigilancia y prevención de delitos constituyen, sin duda, el primer dique de contención frente al delito, pero sería un error pensar que su mera existencia es garantía de inmunidad. En primer lugar, porque el enfoque que se les suele dar no siempre es omnicomprensivo y se circunscribe al elenco de delitos que dan lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. En segundo lugar, porque precisa de una constante monitorización y adaptación a las nuevas y cambiantes circunstancias, que no siempre se lleva a cabo con la debida celeridad. Por último y sin ánimo de exhaustividad, porque la implantación de un sistema de compliance no puede ser confundido ni puede sustituir al asesoramiento jurídico-penal que precisa la empresa en momentos de riesgos inesperados como los que hoy nos toca vivir.

Para explicarlo con un ejemplo ilustrativo pensemos en el caso, por desgracia muy de actualidad estos días, de las residencias de ancianos que están siendo investigadas por presunto maltrato o abandono de las personas que estaban a su cargo. Es poco probable que las empresas que gestionan este tipo de centros tuvieran programas de compliance que previeran la situación que se ha producido. También es improbable que los administradores de las sociedades que gestionan dichos centros, ante una situación tan grave como la que ha tenido lugar, tuvieran todos la clarividencia de adoptar medidas organizativas y protocolos de actuación en tiempo real pensando en evitar posibles delitos. Y todavía es menos probable que tuvieran en mente que, además de hacer todo lo posible para afrontar una situación para la que no estaban preparados, a futuro deberían estar en condiciones de demostrarlo. Y no cabe olvidar que, en muchos casos, por más que uno crea a pies juntillas en la presunción de inocencia, es tan importante actuar correctamente como estar en condiciones de probarlo.  

Es en estos momentos críticos o en situaciones en las que hay que cumplir con las obligaciones derivadas de un contrato sin disponer de todas las garantías jurídicas o de los medios para que el trabajo o servicio se preste en condiciones de seguridad, cuando más falta hace un asesoramiento penal preventivo. Y paradójicamente, al ser otras las prioridades, también suele ser en esos momentos cuando menos piensa uno en solicitarlo.

Josep M. Paret Planas

Doctor en Derecho penal. Abogado