Propiedad Industrial e Intelectual

Sobre el concepto de fonograma y de remuneración por comunicación pública: la sentencia Atresmedia del TJUE

Una de las noticias más relevantes en materia de propiedad intelectual del mes de noviembre que acabamos de terminar, es la sentencia del TJUE de 18 de noviembre 2020 en el asunto Atresmedia.

Los antecedentes son los siguientes. AGEDI y AIE, entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, respectivamente, de productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes interpusieron demanda contra Atresmedia en el año 2010 solicitando una elevada indemnización a ésta por actos de comunicación pública, durante una serie de años, de fonogramas publicados con fines comerciales (o de reproducciones de éstos), al considerar que la comunicación al público de grabaciones audiovisuales que contienen la fijación de obras audiovisuales (películas) que incorporen (sincronicen) fonogramas, en los canales de televisión explotados por Atresmesdia, da derecho a la remuneración equitativa y única. A los efectos de entender la contienda, hay que precisar que, previamente, los titulares de derechos implicados habían autorizado (y habían sido remunerados por ello) la sincronización de los fonogramas en las obras audiovisuales. El tema que defendían las entidades de gestión colectiva es que la comunicación pública posterior de estas obras audiovisuales que incorporaban fonogramas, devengaba una remuneración a favor de intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas.

El juzgado mercantil nº 4 bis de Madrid estimó que no procedía indemnización por los actos de comunicación pública de fonogramas que hubieran sido sincronizados en obras audiovisuales ni por la reproducción instrumental de los mismos, si bien estimó otras peticiones de la demanda. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia y estimó la demanda en su totalidad. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Lo que se planteaba en el recurso era si la comunicación pública de estas obras audiovisuales que realiza Atresmedia en sus canales de televisión genera el derecho de remuneración equitativa y única que se establece en los artículos 108, apartado 4, y 116, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española (que se corresponden en el Derecho de la Unión con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115.)

El Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear cuestión prejudicial ante el TJUE, solicitando la interpretación de los artículos 8, apartado 2 de las Directivas 92/100 y 2006/115 en el sentido de: 1) si el concepto de “reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales” incluye la reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales en una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual; y 2) en tal caso, si la cadena de televisión que comunica al público la obra audiovisual está obligada al pago de una remuneración equitativa y única.

Para entender la cuestión conviene reproducir lo que dicen estos artículos de las Directivas citadas (ambos tienen la misma redacción): “Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración.”

El Tribunal de Justicia aclara que la cuestión no versa sobre el acto de sincronización del fonograma en la obra audiovisual, sino sobre si el usuario ha de pagar una remuneración equitativa y única por el acto de comunicación pública de la obra audiovisual donde se han sincronizado los fonogramas. Y para ello, entiende que hay que determinar si una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual debe calificarse como “fonogramas” o “reproducción de dicho fonograma” a los efectos de dichos artículos.

El Tribunal de Justicia, después de indicar que las Directivas referidas (o, para el caso, otras directivas sobre la materia) no contienen una definición de lo que es fonograma, considera que dicho concepto ha de interpretarse a la luz de la Convención de Roma y del TF (Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas), que, de forma muy resumida, entienden que la fijación de sonidos que se incorpora en una obra audiovisual no tiene la consideración de fonograma.

El TJUE, en consecuencia, considera que un fonograma incorporado a una obra audiovisual pierde su consideración de fonograma, en tanto parte de la obra audiovisual, sin perjuicio de que, si se utiliza de forma independiente de la obra audiovisual, debe ser considerado fonograma.

En el caso en cuestión, el TJUE, además, tiene en cuenta que la incorporación (sincronización) de los fonogramas en las obras audiovisuales se hizo con autorización de los titulares de los derechos afectados en virtud de pactos contractuales y a cambio de una remuneración, y que los mismos no se utilizaron de forma separada.  Así, concluye que debe considerarse que una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual donde se sincronicen fonogramas no puede calificarse de fonograma a los efectos del artículo 8, apartado 2 de las Directivas 92/100 y 2006/115.

En cuanto al concepto de “reproducción de un fonograma”, aclara que el elemento desencadenante del derecho de remuneración equitativa y única no es la reproducción sino la comunicación pública de una obra fijada en un fonograma o en una reproducción de este. Y, en línea con los razonamientos anteriores, concluye que la comunicación al público de una grabación audiovisual que contiene la fijación de una obra audiovisual donde se incorporen fonogramas no da derecho a la remuneración equitativa y única.

Por último, el TJUE hace una observación en el sentido de que lo anterior no implica que los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no puedan percibir una remuneración por la difusión de los fonogramas, pero ello ha de ser en virtud de los acuerdos contractuales y no del derecho de remuneración.

Artículo publicado en Economist & Jurist

Autor: Mª Luisa Osuna

Nueva Orden de Bases de Ayudas a la Producción audiovisual del ICAA y medidas de ayuda frente al impacto económico del Covid-19

Hoy hablamos de cine.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 30 de junio 2020 la Orden Ministerial que establece las nuevas bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y cortometrajes, además de determinar la estructura del registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales (Orden CUD/582/2020 de 26 de junio 2020).

Con el ánimo de centrar esta norma, hay que decir que el sistema estatal de ayudas es complejo y muy variado. Precisamente, con el objetivo de agrupar de forma homogénea las ayudas en función del sector al que van dirigidas y facilitar la aplicación de las reglas y su entendimiento, se ha optado por establecer bases reguladoras de las diferentes líneas de ayuda en diferentes órdenes ministeriales independientes. Esta orden se publica dentro de esta sistemática, esto es, establecer las bases reguladoras de las ayudas para la producción y en concreto, de las ayudas selectivas y generales para la producción de largometrajes sobre proyecto y de las ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto o realizados.

Además de las novedades y modificaciones específicas relativas a las ayudas, esta orden incorpora medidas específicas para hacer frente al impacto económico consecuencia de la situación generada por el Covid-19 en el sector.

Ante las consecuencias económicas negativas que se derivan de los meses de confinamiento y de la “nueva normalidad”,  la Orden introduce importantes medidas que flexibilizan el cumplimiento de determinadas obligaciones y requisitos contenidos en la orden cuando concurran determinadas circunstancias, como por ejemplo, en relación al número de locales de exhibición exigidos para el cumplimiento de los requisitos relativos al estreno del largometraje o a los gastos que deben destinarse a copias, publicidad y promoción, cuando dicho estreno tenga lugar en el año 2020. Otra de las medidas, ésta dirigida a dotar al sector de mayor liquidez, es que se aumenta el porcentaje de las cantidades que en concepto de primer pago pueden recibir las empresas que resulten beneficiarias en 2020, es decir, la ayuda se distribuye de forma que al principio reciben un 40% de la misma en lugar del 20% que establece el artículo 20 de la Orden. Esto, claro está, permite una mayor liquidez al proyecto. También, otra de las medidas, es que se reconocerán como coste de las películas aquellos gastos subvencionables acreditados realizados por las empresas beneficiarias de las ayudas que, como consecuencia del COVID-19 y de las medidas adoptadas, no hayan alcanzado el objeto y la finalidad de la subvención percibida. Además, se da un apoyo excepcional de financiación (aumentando la intensidad máxima de las ayudas máximas que puedan recibir hasta el 75% del coste reconocido) a las películas que hayan recibido ayudas generales o selectivas a la producción de largometrajes en el año 2019, que tengan un especial valor cultural y artístico y que soliciten el certificado de nacionalidad española en el 2020 y 2021,

La Orden del 26 de junio, sustituye a la anterior orden del 2018 (Orden CUD/769/2018, de 17 de julio), y deroga los artículos 11 al 39 (ambos incluidos), los artículos 70.1.a) y 71, la disposición adicional única, las disposiciones transitorias primeras y segunda y los anexos de la citada orden del 2018. La necesidad de esta orden, según la propia exposición, surge de la experiencia conseguida en los dos últimos años derivada del nuevo régimen de ayudas, y que aconseja realizar ajustes para potenciar la importancia de los autores, dar mayor apoyo a películas de interés cultural con dificultades para encontrar financiación, promover determinados proyectos en régimen de coproducción internacional en los que la participación española es minoritaria pero donde hay un gran interés cultural, y para seguir avanzando en el fomento de la igualdad de género y en la garantía de los derechos de las personal con discapacidad a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Sin ánimo de ser exhaustivos, sí queremos señalar someramente algunas de las novedades que introduce esta orden. Así, por ejemplo:

i) en relación con el objetivo de avanzar en la accesibilidad universal del cine, una de las novedades introducidas es la obligación de incluir en las películas el subtitulado especial y la audiodescripción para poder optar a las ayudas generales y selectivas para la realización de largometrajes sobre proyecto.

ii) en cuanto a las medidas para potenciar la protección de los autores, se introduce la obligación de que antes del pago de la ayuda se haya abonado un porcentaje determinado del precio del guion.

iii) Se aumentan los importes de las ayudas para apoyar a las películas de interés cultural con dificultades para encontrar financiación.

iv) en relación con medidas específicas por líneas de ayudas, se incluyen novedades que pretenden facilitar el acceso a las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, al cambiar el sistema de convocatoria de única al sistema de convocatoria abierta (como ya ocurría en relación a las ayudas generales), y se eliminan las restricciones al coste máximo del proyecto.

v) se introducen modificaciones de carácter técnico para simplificar y unificar los procedimientos, en aras a conseguir un sistema más sencillo, ágil y eficaz.

Sin entrar en valorar si las medidas son suficientes o no, o son las mejores, creemos que siempre es positivo que una administración tenga presente las consecuencias económicas negativas del Covid-19 e introduzca medidas específicas tendentes a mitigar la situación.

Y para el fin de semana, si tenéis oportunidad, disfrutar de una buena película .

Mª Luisa Osuna Páez

3 de julio de 2020

El Comité Europeo de Protección de Datos y el Coronavirus

Tristemente, parafraseando a la OMS, Europa es ahora el epicentro de la pandemia del coronavirus.

El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board -EDPB-) se ha alineado también con las acciones para contener el COVID-19, y ha declarado que en ningún caso la normativa de protección de los datos personales debe dificultar la ejecución de las medidas que sean necesarias en esta batalla contra la pandemia del coronavirus, priorizando la salvaguarda de la salud, y de la vida, frente a la privacidad de los datos personales (Acuerdo de 19 de marzo de 2020).

Para el EDPB, la lucha contra las enfermedades transmisibles es un objetivo valioso compartido por todas las naciones que debe ser apoyado en interés de la humanidad.

El EDPB también aclara en su declaración que si bien la emergencia es una condición legal que puede legitimar restringir libertades, dichas restricciones han de ser proporcionales y limitadas en el tiempo. A estos efectos, considera que el RGPD contiene reglas que también aplican al tratamiento de datos personales en un contexto como el actual del coronavirus,  que permite el tratamiento de datos personales sin necesidad de tener que contar con el consentimiento del interesado cuando es necesario por razones de interés público en el área de la salud pública.  Así:

El tratamiento de datos personales, incluso el tratamiento de los datos de salud por las autoridades sanitarias, estaría legitimado en base al artículo 6 y 8 del RGPD, por existir un interés público y un interés de proteger intereses vitales

– En cuanto a los datos personales de los trabajadores, se considera que tratamiento de datos por el empleador puede ser necesario para cumplir la obligación legal de preservar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, o en base a un interés público y un interés vital relacionado con el control de enfermedades y otras amenazas a la salud.

El empleador podrá solicitar datos sobre el estado de salud de los trabajadores o visitas, y realizar exámenes médicos, siempre que lo permita la legislación propia de cada estado miembro.

El empleador debe informar a los trabajadores sobre los casos de coronavirus, limitando la información suministrada a la estrictamente necesaria. En caso de tener que revelar el nombre de las personas que contrajeron la enfermedad (si la ley nacional lo permite), deberá informar previamente al interesado y proteger su dignidad e integridad

– En cuanto al uso por parte de algunos gobiernos del de datos de localización móvil para mitigar la propagación del coronavirus, la EDPB considera que las autoridades deberían priorizar el tratamiento anónimo de los datos, es decir, procesar datos agregados (por zonas, edades, etc.) de forma que no estarían sometidos a la normativa de protección de datos. Sin embargo, si ello no fuera posible, la EDPB considera también, que la Directiva Europea sobre privacidad y comunicaciones electrónicas permite también medidas legislativas excepcionales por motivos de seguridad pública, que debe ser apropiadas, proporcionales y respetuosas con los derechos fundamentales de las personas y garantizar al interesado el acceso al recurso judicial.

 

En todo caso, recuerda el EDPB que los datos personales que sean necesarios para alcanzar este objetivo mundial de vencer la batalla contra el coronavirus deben procesarse para fines explícitos, que los interesados deben recibir información transparente sobre las actividades de procesamiento, incluido el periodo de conservación de los datos recopilados y el propósito del tratamiento; que la información proporcionada ha de ser fácilmente accesible y clara; y que son necesarias medidas de seguridad adecuadas y políticas de confidencialidad que garanticen la preservación de los datos frente a terceros no autorizados.

En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado en su sitio web una alerta en relación con webs y apps que ofrecen autoevaluaciones y consejos sobre el Coronavirus, advirtiendo a los ciudadanos del riesgo que implica facilitar categorías de datos sensibles, como son los relativos a la salud, a estas webs y apps. Añade la  Agencia que ha podido constatar que algunas páginas web y apps no aportan la detallada información exigible para identificar a los responsables, ni incluyen las finalidades para las que podrían tratarse los datos. A ello se suma que se han detectado casos en los que se suplanta al Ministerio de Sanidad.

Por favor, cuidaos mucho.

Ana SotoPino & Mª Luisa Osuna

El estado de alarma y la necesidad de suspender para seguir. Sobre la suspensión de plazos y otros temas

En un momento de tanta incertidumbre y tan triste como el que nos está tocando vivir, quisiéramos, ante todo, enviaros mensajes de ánimo y optimismo-

Os dejamos un breve resumen sobre las consecuencias del Estado de Alarma decretado por el Real Decreto 463/2020  (para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), en cuanto a los plazos procesales y administrativos:

  • Suspensión de los plazos procesales (Disposición Adicional Segunda).

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órganos jurisdiccionales hasta tanto pierda vigencia el Real Decreto (a los 15 días naturales desde su publicación el 14 de marzo), o sus prórrogas. Ello significa que cualquier procedimiento judicial o arbitral en marcha, sea cual sea la jurisdicción, queda en suspenso hasta entonces. Ello no obstante, los jueces y tribunales mantienen la potestad de acordar que se practiquen aquellas actuaciones y actos judiciales que sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a los derechos e intereses de las partes.

El Real Decreto establece también algunas (pocas) excepciones a la suspensión, que afectan a los siguientes procedimientos que, en consecuencia, continúan su trámite a pesar del estado de alarma:

  • Ante la jurisdicción penal:  cualquier  medida cautelar en materia de violencia de género o menores;  los procedimientos de habeas corpus;  las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia; a las actuaciones con detenido;  las órdenes de protección y  las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. Igualmente, los jueces o tribunales competentes podrán acordar actuaciones de instrucción que sean urgentes e inaplazables.
  • En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales, la suspensión decretada por el Real Decreto no afectará a los siguientes supuestos:

Los procedimientos de  protección de los derechos fundamentales de la persona (artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8,5 de la citada Ley.

Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades púbicas (Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).

 Los procedimientos dirigidos a obtener la autorización judicial para el internamiento no voluntario por trastorno psíquico (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y

Los procedimientos dirigidos a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor (artículo 158 del Código Civil).

  • Suspensión de plazos administrativos (Disposición Adicional Tercera)

El Real Decreto también suspende términos e interrumpe plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, de forma que el cómputo de dichos plazos se reanudará en el momento en que finalice la vigencia del Real Decreto o sus prórrogas. Como consecuencia de ello, quedan suspendidos todos los procedimientos de los que forman parte cualquier entidad del sector público, en el sentido definido por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, cualquier plazo o término (también por silencio administrativo), queda en suspenso hasta tanto se mantenga el estado de alarma.

También en este caso los órganos competentes podrán acordar de forma motivada las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves de derechos e intereses de las partes en el procedimiento, siempre que dicho interesado esté conforme con ello o con la no suspensión del procedimiento.

La única excepción que incluye en Real Decreto a la que no afectará la suspensión se refiere a los procedimientos o resoluciones relacionados con situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

  • Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Como una razonable consecuencia de lo anterior, todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan  suspendidos durante el plazo de vigencia del Real Decreto y –en su caso- sus prórrogas.

Compartimos las medidas, porque tenemos la firme convicción que para que todo siga, debemos parar de hacer las cosas como las hemos venido haciendo y adaptarnos a la situación del estado de alarma. Con este mismo pensar, tanto la agencia española y europea de protección de datos personales, como la oficina española y europea de propiedad industrial, han adoptado medidas para garantizar, en el marco del Real Decreto, la continuidad de su actividad

En materia de datos de carácter personal:

  • La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”: ha publicado un elenco de criterios relacionados con el tratamiento de datos en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus. Os dejamos aquí el Informe del Gabinete Jurídico y el documento de preguntas y respuestas publicado por la AEPD.
  • El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board –EDPB-) ha publicado un comunicado que versa sobre las bases del tratamiento de datos de carácter personal durante la crisis sanitaria. Os dejamos también el comunicado del EDPB

En materia de derechos de propiedad industrial:

  • La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha regulado servicios de atención telefónica y telemática, y continúa permitiendo trámites en su sede electrónica, que podéis consultar desde este link de la sede electrónica de la OEPM.
  • La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) ha difundido un comunicado sobre las medidas aplicadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma e informa del protocolo aplicado para mantener la continuidad de su actividad a través de los trámites telemáticos desde su sede electrónica  bajo un criterio de  normalidad. Ello no obstante, la Dirección Ejecutiva de la EUIPO ha decidido prorrogar los vencimientos de procedimientos entre el 9 de marzo y el 30 de abril (ambos incluidos), hasta el 1 de mayo de 2020. Podéis consultar el comunicado en este link del sitio de la EUIPO. también la Decisión de la Dirección Ejecutiva

Hasta pronto

Ana Soto & Mª Luisa Osuna

El CGPJ acuerda la especialización en materia de propiedad industrial de los Juzgados de lo Mercantil de Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas.

En nuestro post de 21 de marzo de 2017 os hablamos del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de fecha 2 de febrero de 2017, por el que se atribuía competencia exclusiva y excluyente a determinados jueces mercantiles, del conocimiento de los asuntos civiles que pudieran surgir al amparo de la Ley 24/2015 de Patentes, de la Ley 17/2001, de Marcas y de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

En virtud del citado acuerdo, sólo determinados Juzgados de lo Mercantil (JM) de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Valencia tenían atribuida la competencia en materia de propiedad industrial. Recogíamos en nuestro post que esta apuesta por la especialización y descentralización de la Justicia, que nos parece francamente moderna, tiene su antecedente en la previsión incluida en la Ley 24/2015, de Patentes.

El 19 de octubre pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó la especialización en materia de propiedad industrial de varios juzgados de lo mercantil en las Comunidades Autónomas de Andalucía (JM de Granada), Galicia (JM de La Coruña), País Vasco (JM de Bilbao) y Canarias (JM de las Palmas), con efectos a 1 de enero de 2019.

Aquí os dejamos el Acuerdo del CGPJ de 19 de octubre de 2018, que actualiza los anteriores de diciembre de 2016 y febrero de 2017.

Feliz día ¡¡¡¡

Ana Soto

El Tribunal Supremo evita el registro por el Ayuntamiento de Barcelona, de la marca (colectiva) “Barcelona”, para todos los productos y servicios

Así se recoge en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del pasado  7 de marzo de 2018 , que confirma la denegación de la marca colectiva “Barcelona” solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona para las 45 clases de la Clasificación Internacional de productos y Servicios  (Clasificación de Niza), a fin de  “potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo”, según el Reglamento de Uso preparado por el Ayuntamiento a estos efectos.

¿Y por qué?

El motivo de ello es que, al entender de los magistrados, la solicitud indiscriminada de la marca para todos los productos y servicios impide que ésta cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas. Esta declaración, si bien contundente, no es para nada una sorpresa, porque cuenta con un sólido cimiento en la prohibición absoluta de “carecer de carácter distintivo” que establece el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, en relación con el registro de las marcas colectivas y las marcas de garantía.

Recordando, como también hace el Tribunal Supremo, lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Marcas, la marca colectiva sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la  marca de los productos o servicios de otras empresas. Es decir, en palabras fáciles, la marca colectiva española se dirige a distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes y/o comerciantes de otros concurrentes, si bien el titular de la marca es dicha asociación.  Hemos destacado el término “distinguir”, porque efectivamente la definición de marca colectiva presupone que el signo que se pretende registrar goce de capacidad distintiva propia y por tanto, de la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos o servicios de los miembros de la asociación o el origen corporativo de los productos o servicios designados, y diferenciarlos.

Porque como en todo lo que tiene que ver con las marcas, para que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza o significación de la marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado.

Para el Tribunal  Supremo,  el hecho de que la ley permita registrar como marca colectiva signos que incluyen referencias geográficas, no es suficiente. Y al igual que sucede con las marcas individuales, para acceder al registro las marcas colectivas han de ser capaces de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que pretende identificar. Lo que sucede es que en el caso de las marcas colectivas, sobre todo si su solicitante es una entidad de derecho público, la exigencia de distintividad equivale a la capacidad del signo de identificar -por la generalidad del público- el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes de la asociación, frente a cualquier otro producto o servicio de otras empresas u organismos.

¿Y entonces?

La conclusión que alcanza la Sentencia es que la marca colectiva Barcelona, para distinguir productos y servicios en todas las clases del Nomenclátor, no puede registrarse, porque no cumple con la finalidad propia de las marcas colectivas de identificar este origen empresarial y de garantía de los productos y servicios designados con el signo Barcelona, al solicitarse de forma indiscriminada para todos los productos o servicios del Nomenclátor.

Feliz fin de semana

Ana Soto & Cristina García