Covid 19

Y no llegó la vacuna: reflexiones sobre las patentes obligatorias

| A fecha de hoy sólo un 1,9% de los ciudadanos europeos

  habrían recibido la vacuna

Un tema de actualidad es, sin duda, la crisis entre la UE y AstraZeneca por la vacuna desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford,  aprobada el pasado viernes, tras el anuncio del laboratorio farmacéutico de que no podrá distribuir la mayor parte de las dosis comprometidas en un contrato, firmado en el mes de agosto, cuya confidencialidad hace aumentar la polémica en un momento de subida incesante de contagios y muertes por la Covid-19. AstraZeneca se justifica con problemas de rendimiento de sus plantas europeas de Bélgica y Países Bajos, y garantiza que, en cualquier caso, “hará los mejores esfuerzos”.

La UE está furiosa, en especial tras comprobar que una de sus apuestas, la vacuna de AstraZeneca, cuyo desarrollo y producción financió con 336 millones, sí está siendo suministrada al Reino Unido desde las plantas inglesas.

Un tema de actualidad es, sin duda, la crisis entre la UE y AstraZeneca por la vacuna desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford,  aprobada el pasado viernes, tras el anuncio del laboratorio farmacéutico de que no podrá distribuir la mayor parte de las dosis comprometidas en un contrato, firmado en el mes de agosto, cuya confidencialidad hace aumentar la polémica en un momento de subida incesante de contagios y muertes por la Covid-19. AstraZeneca se justifica con problemas de rendimiento de sus plantas europeas de Bélgica y Países Bajos, y garantiza que, en cualquier caso, “hará los mejores esfuerzos”.

La UE está furiosa, en especial tras comprobar que una de sus apuestas, la vacuna de AstraZeneca, cuyo desarrollo y producción financió con 336 millones, sí está siendo suministrada al Reino Unido desde las plantas inglesas.

Europa ha comprado también vacunas a otros cuatro laboratorios farmacéuticos, entre ellas las vacunas de BioNTech (600 millones de dosis) y de Moderna (160 millones de dosis), que ya están aprobadas. Dándose el caso que también el suministro de BioNTech está sufriendo retrasos.

La cruda realidad es que a fecha de hoy sólo un 1,9% de los ciudadanos europeos habrían recibido la vacuna (UE-Our Word in Data), y también que los laboratorios farmacéuticos muestran fisuras para abastecer a la población europea, no digamos mundial, para cuyo balance hay que considerar otros muchos elementos, como las limitaciones de capacidad de compra de los países más pobres o la falta de transparencia de algunos gobiernos.

Es casi eterno el debate sobre si las patentes dificultan el acceso a los medicamentos o favorecen dicho acceso al estimular el desarrollo, pero sin duda ha cobrado fuerza tras el inicio de la pandemia y la oportunidad de aplicar medidas de liberación de patentes, en especial mediante licencias obligatorias, dirigidas a facilitar que la vacuna llegue a toda la población mundial. Labor ésta que hoy por hoy está principalmente en manos de los laboratorios farmacéuticos, y en segundo lugar en la capacidad de negociación de los estados o sus agrupaciones.

El acuerdo internacional de referencia en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual es sin duda el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el comercio  (Acuerdo sobre los ADPIC), creado hace décadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Acuerdo sobre los ADPIC contempla en su artículo 31.b la posibilidad de usar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sin la autorización del titular cuando la legislación de un miembro así lo contemple, y siempre en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.

En relación con ello, los estados miembros adoptaron en el año 2001 la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC  y la Salud Pública (Declaración de Doha)  que reconoce las emergencias de salud pública, y en concreto las pandemias, como circunstancias de extrema necesidad que justificarían las licencias obligatorias. En lo que ahora interesa, la Declaración de Doha, tras reconocer la importancia de la protección de la propiedad industrial e intelectual para el desarrollo de los nuevos medicamentos, interpreta que el Acuerdo sobre los ADPIC no debe impedir a los estados miembros de la OMC adoptar medidas para proteger la salud pública. Y, en particular, que puedan promover el acceso a los medicamentos para todos, utilizando a estos efectos las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que prevén flexibilidad, incluido, la posibilidad de conceder licencias obligatorias y determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido -en todo caso- que las crisis de salud pública los son.

La licencia obligatoria permite a un Estado exigir al titular de una patente, por razones de emergencia o interés público, a autorizar a terceros a producir y comercializar su medicamento y a colaborar para que ello sea efectivo, a cambio de una retribución justa. En la práctica, la licencia obligatoria logra que un medicamento patentado pueda ser producida en forma de genérico, favoreciendo el acceso al medicamento y el control de su precio. Como ejemplo, en el mes de marzo de 2020 Israel concedió una licencia obligatoria para la importación de un genérico del medicamento antiviral Lopinavir/Ritonavir, esencial en aquel momento para el tratamiento de la Covid-19. Algunos países adoptaron también al inicio de la pandemia medidas extraordinarias para facilitar las condiciones que rigen el uso de licencias obligatorias. Este es el caso de Chile, Ecuador, Alemania y Francia. Canadá ha ido más allá, y su Parlamento ha resuelto una reforma y flexibilización de los requisitos recogidos en sus leyes para la concesión de licencias obligatorias.

En España la Ley de Patentes contempla la posibilidad de que el estado español accione el mecanismo de las licencias obligatorias por motivos de interés público y de fabricación de productos farmacéuticos destinados a países con problemas de salud pública,  siempre de forma temporal y excepcional, y sujeta a la remuneración adecuada (artículos 91 a 96). Hasta el momento, y a pesar de existir históricamente varios intentos, no se ha concedido ninguna. El posicionamiento de España en el bloque contrario a la solicitud liderada por India y África ante la OMC, para conseguir una exención de la propiedad intelectual para todos los países hasta que se alcance la inmunidad de grupo, hace pensar que la licencia obligatoria no es la opción del estado español ante la Covid-19, al menos a corto.

Quienes me conozcan, sabrán que soy una pública defensora de los derechos de propiedad industrial, que considero elementos esenciales del progreso, pero también creo que en todo hay excepciones, y que una pandemia que llega cada 100 años y asola el mundo es sin duda una excepción. Tampoco creo que el problema se limite al monopolio connatural al sistema de patentes, pues confluyen otras realidades, como es el caso de la capacidad de negociación de acuerdos entre los laboratorios y los países y la falta de transparencia de los mismos, en muchos casos, debido a los pactos de confidencialidad necesarios para evitar fisuras en la reserva de información y preservar la novedad y los conocimientos secretos. Pero no siempre.

Lo deseable sería no tener que suspender normas esenciales del Acuerdo de los ADPIC y liberar forzosamente las patentes, siempre y cuando los laboratorios estén de acuerdo en compartir su tecnología y sus conocimientos mediante licencias voluntarias a favor de otros con capacidad de producción, en condiciones flexibles, sensatas y realistas, priorizando objetivos de producción a gran estala y de abastecimiento global, esto es, de salvar vidas. Pero para ello hace falta mucho de eficiencia en la toma de decisiones y un poco de solidaridad.

Y lo que desde luego no quiero, es que la burocracia y las disputas diplomáticas y legales pongan palos a la rueda en lo que está siendo una lucha demasiado larga contra la pandemia.

 

Artículo publicado en: Economist & Jurist

Autor: Ana Soto Pino

Hoy entran en vigor las medidas procesales y organizativas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la Covid-19

Ayer fue un día lleno de novedades. Al margen del plan escalado de desconfinamiento, el Gobierno aprobó el Real-Decreto Ley 16/2020 que recoge las  medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la Covid-19 (BOE de 28 de abril de 2020), que se articula en estos cinco bloques de medidas, que os resumimos a continuación:

(i)          El primer bloque se dirige a garantizar la salud, y recoge el siguiente elenco de medidas:

Posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde, y atención al público telefónica o por correo electrónico. En caso de que sea estrictamente necesaria la asistencia presencial se requerirá cita previa.

Preferentemente, los actos procesales y las deliberaciones se celebrarán de forma telemática, excepto en el ámbito penal, que quedará a la discrecionalidad del juez. En delitos graves, sin embargo, será necesaria la presencia física del acusado.

Dispensa del uso de la toga para abogados y procuradores

Se priorizará que las exploraciones de los médicos forenses se hagan en base a la  documentación médica.

(ii)         El segundo bloque recoge medidas dirigidas a dar impulso a la recuperación de la actividad judicial:

Posibilidad de dedicar temporalmente órganos judiciales a asuntos derivados de la crisis del Covid-19 y  que  funcionarios de justicia presten servicio en otros juzgados y tribunales de su municipio dentro del mismo orden jurisdiccional.

Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (no adscritos a un juzgado y que actúan como refuerzo o cubren vacantes en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia, y habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas para realizar labores de sustitución y refuerzo.

Se habilita los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto

(iii)       El tercer bloque regula algunas medidas de transformación digital

Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital.

Se recoge la obligación general del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia, de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales permitan el teletrabajo.

(iv)       En cuarto bloque contiene medidas procesales dirigidas, por un lado, a aclarar los cómputos de plazos, y por el otro, a afrontar el previsible incremento de asuntos en determinados ámbitos.

Los plazos procesales suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. En concreto, los plazos para presentar recursos contra Sentencias u otras resoluciones que ponen fin al procedimiento, notificadas hasta 20 días después del levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos por el Real Decreto 463/2020,  se amplían por un plazo igual al previsto por la ley.

Se establece un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia (regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, ajustes en las pensiones).

Posibilidad de utilizar un proceso más simple y rápido, como es el de conflicto colectivo, en el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en los casos que no alcancen los umbrales del despido colectivo (Pymes), sin perjuicio del derecho del trabajador a impugnarlo de forma individual.

Se priorizarán las actuaciones judiciales relacionadas con lo siguiente: protección de los menores; denegación de moratorias en el pago de hipotecas o arrendamientos por la entidad financiera o el arrendador; recursos contra las administraciones por la denegación de ayudas relacionadas con el impacto económico de la Covid-19; y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido recuperable.

(v)        El último bloque de medidas se dirigen a afrontar el previsible incremento de procesos concursales en los Juzgados de lo Mercantil.

Según informa el Ministerio de Justicia en la nota de prensa difundida en la noche de ayer, “estas medidas tienen una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación. También buscan potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales”  www.mjusticia.gob.es

Entre ellas, destacamos las siguientes:

En caso de incumplimiento del convenio, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del mismo.

Aplazamiento durante un año a contar desde la declaración del estado de alarma del deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, de solicitar la apertura de la fase de liquidación, que tampoco podrá abrir el juez,  siempre y cuando presente una propuesta de modificación del convenio durante dicho plazo.

Los deudores con acuerdos de refinanciación homologados podrán presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.

Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

En paralelo al punto anterior, hasta el 31 de diciembre de 2020 no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma.

Ahora toca poner ganas y que funcione

Ana Soto Pino

 

Ya podemos presentar escritos judiciales. Nueva resolución del Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia durante el Estado de Alarma

 

La Resolución del Ministerio de Justicia del 13 de abril de 2020, por la que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al RD 487/2020, de 10 de Abril, establece determinadas pautas con el deseo de adaptar el funcionamiento de la Administración de Justicia a esta nueva fase del Estado de alarma, en la que no se aplica el confinamiento cualificado, así como prever otras fases venideras hasta un eventual restablecimiento de la normalidad.

Lo más destacado:

A partir de este miércoles, 15 de abril, los Juzgados y Tribunales admitirán escritos procesales presentados por las partes de forma telemática, iniciales y de trámite, aunque se refieran a cuestiones que no son de extrema urgencia, y  que serán tramitados siempre y cuando los medios lo permitan.

El procedimiento continuará hasta tanto la tramitación se encuentre con un plazo o término procesal que deba ser suspendido por mandato de la Disposición Adicional Segunda del RD 463/2020l.

En consecuencia, con el deseo de reactivar de forma progresiva el funcionamiento de la justicia y evitar el colapso una vez pierda vigencia el Estado de Alarma, la Resolución levanta la veda a la presentación de todo tipo de escritos, también demandas, solicitudes iniciales o recursos, bien la propia Resolución solicita a abogados, procuradores y graduados sociales “una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto”.

Además,

La Resolución de 13 de abril incluye otras medidas de funcionamiento de la administración de justicia relacionadas con la aplicación de una modalidad de trabajo presencial por turnos, sin perjuicio de ordenar al personal a quien no toque acudir al puesto de trabajo la plena disponibilidad durante la jornada laboral, para el caso de que sea requerido a la prestación de funciones presencial. Además, se regula la modalidad de teletrabajo para el personal con dispositivos proporcionados por la administración de acceso securizados a sistemas y aplicaciones de gestión procesal, o que puedan prestar voluntariamente sus funciones con dispositivos personales en similares condiciones

Por lo demás,

A los efectos de adaptar de forma progresiva y coordinada los criterios y dotaciones de tramitación durante la nueva y siguientes fases de la pandemia, la Resolución establece tareas de seguimiento semanal que realizará la Comisión Mixta del Ministerio de Justicia y el CGPJ.

Cualquier paso hacia adelante es bienvenido.

Feliz semana

Ana Soto

Legaljovs