Propiedad Intelectual

Nueva Orden de Bases de Ayudas a la Producción audiovisual del ICAA y medidas de ayuda frente al impacto económico del Covid-19

Hoy hablamos de cine.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 30 de junio 2020 la Orden Ministerial que establece las nuevas bases reguladoras de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y cortometrajes, además de determinar la estructura del registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales (Orden CUD/582/2020 de 26 de junio 2020).

Con el ánimo de centrar esta norma, hay que decir que el sistema estatal de ayudas es complejo y muy variado. Precisamente, con el objetivo de agrupar de forma homogénea las ayudas en función del sector al que van dirigidas y facilitar la aplicación de las reglas y su entendimiento, se ha optado por establecer bases reguladoras de las diferentes líneas de ayuda en diferentes órdenes ministeriales independientes. Esta orden se publica dentro de esta sistemática, esto es, establecer las bases reguladoras de las ayudas para la producción y en concreto, de las ayudas selectivas y generales para la producción de largometrajes sobre proyecto y de las ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto o realizados.

Además de las novedades y modificaciones específicas relativas a las ayudas, esta orden incorpora medidas específicas para hacer frente al impacto económico consecuencia de la situación generada por el Covid-19 en el sector.

Ante las consecuencias económicas negativas que se derivan de los meses de confinamiento y de la “nueva normalidad”,  la Orden introduce importantes medidas que flexibilizan el cumplimiento de determinadas obligaciones y requisitos contenidos en la orden cuando concurran determinadas circunstancias, como por ejemplo, en relación al número de locales de exhibición exigidos para el cumplimiento de los requisitos relativos al estreno del largometraje o a los gastos que deben destinarse a copias, publicidad y promoción, cuando dicho estreno tenga lugar en el año 2020. Otra de las medidas, ésta dirigida a dotar al sector de mayor liquidez, es que se aumenta el porcentaje de las cantidades que en concepto de primer pago pueden recibir las empresas que resulten beneficiarias en 2020, es decir, la ayuda se distribuye de forma que al principio reciben un 40% de la misma en lugar del 20% que establece el artículo 20 de la Orden. Esto, claro está, permite una mayor liquidez al proyecto. También, otra de las medidas, es que se reconocerán como coste de las películas aquellos gastos subvencionables acreditados realizados por las empresas beneficiarias de las ayudas que, como consecuencia del COVID-19 y de las medidas adoptadas, no hayan alcanzado el objeto y la finalidad de la subvención percibida. Además, se da un apoyo excepcional de financiación (aumentando la intensidad máxima de las ayudas máximas que puedan recibir hasta el 75% del coste reconocido) a las películas que hayan recibido ayudas generales o selectivas a la producción de largometrajes en el año 2019, que tengan un especial valor cultural y artístico y que soliciten el certificado de nacionalidad española en el 2020 y 2021,

La Orden del 26 de junio, sustituye a la anterior orden del 2018 (Orden CUD/769/2018, de 17 de julio), y deroga los artículos 11 al 39 (ambos incluidos), los artículos 70.1.a) y 71, la disposición adicional única, las disposiciones transitorias primeras y segunda y los anexos de la citada orden del 2018. La necesidad de esta orden, según la propia exposición, surge de la experiencia conseguida en los dos últimos años derivada del nuevo régimen de ayudas, y que aconseja realizar ajustes para potenciar la importancia de los autores, dar mayor apoyo a películas de interés cultural con dificultades para encontrar financiación, promover determinados proyectos en régimen de coproducción internacional en los que la participación española es minoritaria pero donde hay un gran interés cultural, y para seguir avanzando en el fomento de la igualdad de género y en la garantía de los derechos de las personal con discapacidad a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Sin ánimo de ser exhaustivos, sí queremos señalar someramente algunas de las novedades que introduce esta orden. Así, por ejemplo:

i) en relación con el objetivo de avanzar en la accesibilidad universal del cine, una de las novedades introducidas es la obligación de incluir en las películas el subtitulado especial y la audiodescripción para poder optar a las ayudas generales y selectivas para la realización de largometrajes sobre proyecto.

ii) en cuanto a las medidas para potenciar la protección de los autores, se introduce la obligación de que antes del pago de la ayuda se haya abonado un porcentaje determinado del precio del guion.

iii) Se aumentan los importes de las ayudas para apoyar a las películas de interés cultural con dificultades para encontrar financiación.

iv) en relación con medidas específicas por líneas de ayudas, se incluyen novedades que pretenden facilitar el acceso a las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto, al cambiar el sistema de convocatoria de única al sistema de convocatoria abierta (como ya ocurría en relación a las ayudas generales), y se eliminan las restricciones al coste máximo del proyecto.

v) se introducen modificaciones de carácter técnico para simplificar y unificar los procedimientos, en aras a conseguir un sistema más sencillo, ágil y eficaz.

Sin entrar en valorar si las medidas son suficientes o no, o son las mejores, creemos que siempre es positivo que una administración tenga presente las consecuencias económicas negativas del Covid-19 e introduzca medidas específicas tendentes a mitigar la situación.

Y para el fin de semana, si tenéis oportunidad, disfrutar de una buena película .

Mª Luisa Osuna Páez

3 de julio de 2020

El canon digital, contrario al Derecho de la Unión Europea según el TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto en su Sentencia de 9 de junio de 2016 (asunto C-470/14), que el canon por copia privada, también conocido como canon digital, es incompatible con el sistema de compensación equitativa establecido por la Directiva 1657/2012 sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

La Sentencia ha sido dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el marco de un recurso interpuesto por entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (EGEDA, DAMA, VEGAP, y otras intervinientes), con el objetivo de obtener la anulación del Real Decreto 1657/2012, por el que se regula el procedimiento de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales.

En particular, el Tribunal Supremo planteó ante el TJUE cuestión prejudicial sobre si el sistema de compensación equitativa por copia privada de España, que toma como base de estimación el perjuicio efectivamente causado y que se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas, era contrario al artículo 5.2.b) de la Directiva. La citada disposición permite a los Estados miembros limitar las reproducciones efectuadas por una persona física para uso privado sin fines comerciales siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa.

Pues bien, el TJUE nos recuerda en su reciente resolución que -como ya aclaró en la Sentencia del caso Padawan  (c-467/08)– la limitación del artículo 5.2.b) fue concebido en beneficio exclusivo de las personas físicas que efectúan las reproducciones de las obras sin fines comerciales y que, si bien acepta que los Estados miembros instauren un sistema en el que en determinadas circunstancias las personas jurídicas sean deudoras del canon, estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del gravamen. Por lo tanto, el TJUE concluye que como el sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado miembro no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas, es contrario a la Directiva.

Ahora queda por ver cómo responderá el Estado Español del perjuicio económico que haya causado, en tanto estado miembro incumplidor de la normativa europea.

Alimentaria, 2016: nuevo protocolo de actuación rápida de los Jueces Mercantiles

Aplicando la experiencia repetida con éxito durante la celebración del Mobile World Congress, la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona ha acordado la aplicación del Protocolo de Actuación Rápida, al Salón de Alimentaria que se celebrará en Barcelona entre los días 25 y 28 de abril, con el objetivo de garantizar la efectividad de remedios y soluciones judiciales en el caso de conflictos relacionados con la propiedad industrial e intelectual.

Tal y como expusimos hace unos meses, con ocasión a la celebración del Mobile World Congress, el protocolo pretende atender a los conflictos que en materia de derechos de propiedad industrial, intelectual, competencia desleal y publicidad ilícita pudieran generarse con ocasión y/durante la celebración del Salón, y en especial, regular la adopción de medidas cautelares urgentes efectivas, evitando, en la medida de lo posible, que éstas se adopten sin audiencia del demandado.

El compromiso asumido por los Jueces en su protocolo se dirigen a dar preferencia y prioridad a la tramitación y  resolución de las medidas cautelares relacionadas con infracciones de patentes tecnológicas, diseños industriales, marcas y derechos de propiedad intelectual de las empresas que exponen en el Salón de Alimentaria, así como en aquellos casos en los que denuncie una conducta en competencia desleal o una acción de publicidad ilícita respecto a sus productos.

El protocolo recoge también la posibilidad de las empresas y organizaciones expositoras, de presentar  escritos preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil en aquellos casos en los que puedan considerar  verse afectados por una solicitud de medidas cautelares urgentes de cese durante el Salón, por parte de terceros titulares de derechos de propiedad intelectual, que pudieran adoptarse sin su audiencia y, en consecuencia, frustrar sus expectativas de negocio durante el mismo. Con ello, el eventual demandado y afectado por la medida cautelar de cese, podría anticipar sus argumentos de defensa para el caso de que finalmente se interpusiera contra él una solicitud cautelar, así como ofrecer su disponibilidad para comparecer  ante el Juzgado de forma inmediata y evitar la adopción de éstas sin su audiencia.

Aquí os dejamos el enlace a la entrada que hicimos hace unos meses sobre el Acuerdo de la Junta de los Jueces de lo Mercantil, en donde encontraréis el Protocolo de Actuación.

Sobre Entidades de Gestión: el TS confirma la condena del parque Warner por la comunicación pública de fonogramas

En su reciente Sentencia 776/2016, de fecha 1 de marzo de 2016, el Tribunal Supremo  ha confirmado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28) de 13 de septiembre de 2013, que condena al Parque de la Warner de San Martín de la Vega (Madrid) en el procedimiento instado por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la Asociación de Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), como consecuencia  del uso público de fonogramas en el parque temático sin autorización de los artistas y productores entre 2002 y 2008.

La Sentencia repasa la jurisprudencia dictada por el Alto Tribunal como consecuencia de las polémicas reclamaciones de los productores de obras audiovisuales,  por la comunicación pública de estas en hoteles por medio de la televisión, recordando la doctrina establecida en su Sentencia nº 541/2010, de 13 de diciembre, que  “la remuneración equitativa no puede fijarse de manera incondicionada, cualesquiera que sean las circunstancias en que ha tenido lugar la negociación, de acuerdo con las tarifas generales fijadas unilateralmente por la sociedades de gestión, aun cuando las mismas no hayan sido objetadas por parte de la Administración. Antes bien, se han ponderado criterios para garantizar la aproximación de la remuneración equitativa a principios de efectividad de uso que garanticen el criterio de equidad”.  De forma que “no puede razonablemente considerarse abusiva la aplicación de las tarifas formuladas, a falta de acuerdo, cuando se reducen a la utilización real de la comunicación pública, por referirse a habitaciones y apartamentos “ocupados”. Distinta consideración merecería la pretensión indemnizatoria a calcular sobre número de habitaciones y apartamentos “disponibles”» (Sentencia nº 1394/2007, de 15 de enero de 2008 )”.

En su reciente Sentencia el Tribunal Supremo, sin embargo, manifiesta su acuerdo con la Audiencia Provincial en cuanto que  la aplicación de las tarifas generales de las entidades de gestión, que además fueron comunicadas a la administración, no vulnera esta exigencia jurisprudencial de que la remuneración sea equitativa. En efecto, inspirado claramente en la doctrina  desarrollada en torno a la comunicación pública de obras audiovisuales en los hoteles por medio del televisor, las entidades de gestión, entre otros aspectos, distinguen para el cálculo de la remuneración si la comunicación pública se realizó con medios de reproducción sonora, o como parte de los espectáculos que se representan en el parque. En el primer caso se atendía a la superficie total del parque (150 hectáreas) durante los meses en los que el parque estaba abierto;  mientras que en el caso de espectáculos la remuneración se cuantificaba con un porcentaje (3,5%) de los ingresos obtenidos en taquilla por representación, con un mínimo por espectáculo.

El Tribunal Supremo no entra en la valoración de si el último citado porcentaje es  equitativo o, por el contrario, abusivo, en tanto no fue objeto de controversia durante el procedimiento judicial

Aquí podéis consultar la  Sentencia del Tribunal Supremo nº 7771/2016, de 1 de marzo.